viernes, 26 de agosto de 2011
jueves, 11 de agosto de 2011
martes, 9 de agosto de 2011
viernes, 5 de agosto de 2011
miércoles, 3 de agosto de 2011
Pues yo seguiré irgulloso
15-M: la muerte de la (palabra) izquierda
Hay que hacer que la izquierda esté realmente en la izquierda
martes, 2 de agosto de 2011
CINCO IDEAS FALSAS SOBRE LA INMIGRACIÓN de Antonio Martínez
CINCO IDEAS FALSAS SOBRE LA INMIGRACIÓN
de Antonio Martínez, el jueves, 28 de julio de 2011 a las 1:10
CINCO IDEAS FALSAS SOBRE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA
SAMI NAÏR
Falsos conocimientos y prejuicios verdaderos hacen de la inmigración un chivo expiatorio ideal. Cinco ideas falaces sirven de acta de acusación.
1. España está amenazada por una 'invasión' migratoria. Este temor se basa en un doble supuesto: el de la existencia de una ciencia capaz de medir la presión migratoria y, por lo tanto, demostrar que un determinado país sufre la amenaza de una invasión y el de la interpretación de las cifras que confirmarían esta obsesión.
Sin embargo, ninguna ciencia reconocida es hoy capaz de medir la 'presión' migratoria que pudiera ejercerse sobre un determinado país rico. Las cifras de la inmigración reflejan ante todo la política migratoria del Estado de acogida. En el caso de España, siguen estando a todas luces muy alejadas de todo aquello que pueda parecerse a una invasión: la población extranjera regularmente establecida se eleva a alrededor de un millón de personas (si tomamos en cuenta la operación de regularización del año 2000, que está terminándose), lo que equivale al 2,5% de la población total (frente al 4% de la Unión Europea). Así pues, España está muy por debajo de la media de la Unión Europea.
Las solicitudes de asilo, tras alcanzar un pico entre 1992 y 1995, se han estabilizado en unas 5.000 anuales (el 96% de dichas solicitudes es rechazado). Es verdad que la última operación de regularización ha permitido medir a una parte de la inmigración ilegal: 245.000 solicitudes han sido cursadas y 150.000 aceptadas. Pero muchos de estos extranjeros ya habían sido titulares de un permiso de trabajo. Por lo tanto, estas personas no son nuevos emigrantes, sino extranjeros reintroducidos en las estadísticas nacionales por la regularización.
Más significativo todavía: resulta imposible decir cuál sería la importancia de la inmigración en un contexto de fronteras abiertas. Sólo la observación de lo que ha ocurrido en países con gran experiencia en inmigración, como Francia, permite formular hipótesis. La apertura de las fronteras a la emigración laboral parece influir más en la forma que toman las migraciones que en su importancia cuantitativa. Antes de 1975, las migraciones hacia Francia eran a menudo migraciones de alternancia en las que los miembros de una misma familia se relevaban en el país de acogida. Esta movilidad se detuvo con el cierre de la fronteras a la emigración laboral. A partir de esa época, se desarrolló la emigración familiar (por definición, dirigida a instalarse de forma definitiva en el país de acogida).
Así pues, a juzgar por estos ejemplos, sólo se puede afirmar que la apertura de las fronteras engendra la rotación probable de los flujos migratorios, mientras que el cierre provoca seguramente el agrupamiento familiar. Éste se produciría al cuadrado, es decir, que sería proporcional al número de solicitantes legalmente establecidos. Por tanto, estaría controlado.
2. La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional y ejerce una presión a la baja sobre los salarios. Pero basta con aplicar esta afirmación a la estructura global de los asalariados para medir su falsedad. A menudo poco cualificados, disponibles para trabajos que ya no quieren realizar los ciudadanos del país de acogida, los inmigrantes aceptan, a falta de leyes protectoras, lo que les proponen los patronos. Su situación es similar a la de las demás categorías de trabajadores precarios: mujeres, jóvenes y trabajadores no cualificados.
El salario medio de las mujeres españolas es inferior en alrededor del 30% al salario de los hombres: ¡también se las podría acusar de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y el de un empleado o un obrero...
En realidad, el responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha desde mediados de los años ochenta. La globalización financiera favorece un reparto de la riqueza que beneficia al capital y a los asalariados -poco numerosos- que influyen directamente en las decisiones que afectan al capital (directores generales, ejecutivos, etc.). En cambio, sin una ley protectora (fijación de un salario mínimo), sin la intervención del Estado, este reparto tiende a ser desfavorable para los asalariados en la parte baja de la escala. Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo alguno responsables del descenso de los salarios. Al contrario, son las primeras víctimas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria.
3. Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales favorables. No hay nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia, ¡al menos si se acepta la idea de que España es un Estado de derecho que rechaza la esclavitud!
Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen.
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni
vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto.
Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
4. La riqueza de España provoca un 'efecto de llamada' en los países pobres. No es tanto el desarrollo de España como la importancia de su sector informal lo que provoca este efecto, aunque exista realmente. Evitar la complejidad de los trámites administrativos, esquivar un eventual rechazo, saber que se puede, con toda seguridad, encontrar un trabajo aunque sea con unas condiciones espantosas, éste es el efecto de llamada más poderoso que pueda existir. Al final de todo ello está la esperanza de integrarse en la sociedad española en unas condiciones mejores, o sencillamente ganar el dinero suficiente para regresar a su país al final de su estancia.
Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años noventa se calculaba que dos tercios de los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo trabajaban en la economía sumergida. El sector informal alimenta la clandestinidad, los fantasmas sobre la inmigración y, al final de la cadena, fomenta el racismo. Para aclarar la relación de la sociedad española con la inmigración es necesario que España acepte luchar contra su propia economía informal, aunque sólo sea para no quebrantar el derecho de gentes. También resulta evidente que este sector entra en profunda contradicción con el resto de la economía legal española y con el resto de las normas europeas: esta forma de empleo se asemeja a la competencia desleal.
5. La inmigración 'amenaza' con alterar la identidad de España. Toda sociedad tiende naturalmente a defender su identidad. Es legítimo. Pero hay que subrayar de entrada que una identidad cerrada no existe en ninguna parte, nunca ha existido y nunca existirá. Cuando la sociedad es muy rígida, siempre es contestada por una infinita variedad de desviaciones internas; cuando se repliega totalmente, se ve amenazada con perder su relación con la realidad: es el caso de las sectas. Dicho de otro modo, la permanencia de la identidad es exactamente lo opuesto al repliegue de la identidad: es la apertura necesaria a las aportaciones exteriores, aunque sólo sea para adaptarse a sí misma.
En el caso de la inmigración, es precisamente ella la que debe adaptarse a la sociedad. Al ser unos individuos aislados, los inmigrantes entran en contacto con una sociedad culturalmente estructurada, infinitamente más fuerte que ellos y que sienten que modificará su propia identidad cultural. La necesidad de aprender la lengua y la aceptación pasiva de las costumbres de la sociedad de acogida modifican su forma de pensar y su comportamiento. No tienen otra elección salvo adaptarse. Naturalmente, esta integración se articula en torno al modelo cultural y antropológico dominante en la sociedad de acogida. En el caso de las sociedades en las que las relaciones se rigen por pautas étnicas, como en Estados Unidos o en Gran Bretaña, esta adaptación reviste el aspecto de reagrupamientos comunitaristas que establecen las pertenencias según la diferenciación de origen. Uno puede ser descendiente de varias generaciones nacidas en Nueva York, pero sigue siendo 'de origen' chicano o italiano. En otros casos, más corrientes en Europa, donde la tradición universalista pretende, al menos formalmente, someter el origen a la igualdad ciudadana, esta integración se realiza, paradójicamente, de forma más dolorosa y al mismo tiempo más radical. La exigencia de asimilación es más fuerte, por lo tanto, más difícil de soportar para las primeras generaciones de emigrantes; el acceso a la igualdad es más rápido, por lo tanto, con más posibilidades de provocar una identificación más completa del emigrante con la sociedad de acogida. Pero, tanto en Estados Unidos como en Europa, la adaptación se produce siempre, aunque sea tras numerosas dificultades y tras varias generaciones. Sólo se logrará plenamente si es progresiva, sin violencia, respetuosa de las singularidades y basada en unas obligaciones sociales a las que correspondan unos derechos reales.
Para favorecer las migraciones del futuro, España puede, sin duda alguna, mirar hacia Latinoamérica, bajo el pretexto de que se trata de poblaciones que hablan el castellano y que son además (no se dice claramente, pero nadie se lleva a engaño) cristianas. Es una actitud ciega: porque la demanda migratoria proviene ante todo de África y del Magreb. Lo quiera o no, España recibirá a poblaciones del sur del Mediterráneo. Así pues, en vez de construir falsos muros, de proferir discursos xenófobos sobre la 'ausencia' de 'proximidad' cultural de las gentes del Sur, sería mejor que los responsables políticos miraran la realidad de frente.
Estas falsas ideas sobre la inmigración alimentan un círculo perverso: se justifica la marginalización de la víctima propiciatoria mediante la creación continua del chivo expiatorio. Es grave, porque rebajar demagógicamente el debate sobre el control de los flujos migratorios conduce siempre a un debilitamiento de la democracia
Por qué no se está resolviendo la crisis actual en España y qué debería hacerse para salir de ella, por Vinceç Navarro
Este artículo analiza el porqué los países de la periferia de la eurozona tienen problemas en la financiación de su deuda pública y en su crecimiento económico. Aunque se centra en España, el artículo también compara la situación de España con Grecia, Portugal e Irlanda. El artículo concluye en la necesidad de realizar una reforma fiscal profunda, aumentando la progresividad de los impuestos y el aumento de los ingresos al Estado con los cuales estimular la economía y crear empleo.
Para entender la situación de crisis de los países periféricos de la eurozona (España, Grecia, Portugal e Irlanda) hay que analizar los diferentes elementos que estos países tienen en común, incluyendo el contexto político que fue determinante en la aparición de la crisis actual. Todos estos países han estado gobernados por dictaduras fascistas o fascistoides (como el caso de España, Portugal y Grecia) o gobiernos conservadores autoritarios (como es el caso de Irlanda) en la mayoría de años que van desde la II Guerra Mundial hasta a principios de los años 80. Esto explica que estos países tengan Estados represivos, poco redistributivos, y escasamente sociales. Un indicador entre muchos de ello es que estos países tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la Unión Europea de los 15 (UE-15) y el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su Estado del Bienestar. Todos ellos tienen, además, las mayores desigualdades de la UE-15.
LA POBREZA DE SUS ESTADOS
Como resultado de esta historia, y a pesar de los progresos que han tenido en su época democrática, estos Estados tienen unos ingresos muy bajos. Así, mientras que el promedio de los ingresos al Estado en el promedio de la UE-15 era en el año 2009 equivalente al 44% de su PIB, en España era solo el 34%, el mismo que Irlanda, mientras que Grecia era el 37% y Portugal el 39%. En comparación, en Suecia, donde las izquierdas han gobernado por la mayoría del periodo citado anteriormente, era el 54%. Estos bajos ingresos al Estado se deben a la enorme regresividad fiscal, que significa que las rentas superiores y las rentas del capital no contribuyen al Estado en la medida que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Ahí está la raíz del problema.
Como consecuencia, todos ellos tienen un gasto social como porcentaje del PIB muy bajo. Así, mientras que el promedio de la UE-15 representa el 27% de su PIB, en España es solo un 22.7%, en Irlanda un 22.1%, en Portugal un 24.3%, y en Grecia un 25,9%. De nuevo, comparándolo con Suecia, el porcentaje es mucho mayor, el 29,3%.
Otro indicador del subdesarrollo social de estos países es el bajo porcentaje de su población adulta que trabaja en los servicios públicos de su Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios para personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, entre otros). Mientras que el promedio de la UE-15 es el 15% de la población adulta, en España es solo el 9%, en Portugal un 7% e Irlanda 12%, y Grecia un 11%. Como contraste, Suecia es el 25%.
Otra característica de estos países es que la participación de las rentas del trabajo sobre la renta nacional es menor que en el promedio de la UE-15. Esto se debe en parte a que el porcentaje de la población adulta que trabaja es menor que en otros países pero también se debe a que los salarios son muy bajos, mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (ver Salarios y beneficios empresariales en España, V.Navarro y M.Tur, Le Monde Diplomatique, junio de 2011).
Esta situación se ha empeorado todavía más desde su incorporación a la eurozona, periodo en el cual, a pesar del aumento de la población que trabaja ha visto un descenso muy marcado de las rentas del trabajo a costa de un aumento muy notable de las rentas del capital. Así en España tal porcentaje pasó de casi el 70% en el año 1992 (cuando se iniciaron las medidas para incorporar a España a la Eurozona) a menos del 62% en 2007, inicio de la crisis.
Como resultado de esta historia, y a pesar de los progresos que han tenido en su época democrática, estos Estados tienen unos ingresos muy bajos. Así, mientras que el promedio de los ingresos al Estado en el promedio de la UE-15 era en el año 2009 equivalente al 44% de su PIB, en España era solo el 34%, el mismo que Irlanda, mientras que Grecia era el 37% y Portugal el 39%. En comparación, en Suecia, donde las izquierdas han gobernado por la mayoría del periodo citado anteriormente, era el 54%. Estos bajos ingresos al Estado se deben a la enorme regresividad fiscal, que significa que las rentas superiores y las rentas del capital no contribuyen al Estado en la medida que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Ahí está la raíz del problema.
Como consecuencia, todos ellos tienen un gasto social como porcentaje del PIB muy bajo. Así, mientras que el promedio de la UE-15 representa el 27% de su PIB, en España es solo un 22.7%, en Irlanda un 22.1%, en Portugal un 24.3%, y en Grecia un 25,9%. De nuevo, comparándolo con Suecia, el porcentaje es mucho mayor, el 29,3%.
Otro indicador del subdesarrollo social de estos países es el bajo porcentaje de su población adulta que trabaja en los servicios públicos de su Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios para personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, entre otros). Mientras que el promedio de la UE-15 es el 15% de la población adulta, en España es solo el 9%, en Portugal un 7% e Irlanda 12%, y Grecia un 11%. Como contraste, Suecia es el 25%.
Otra característica de estos países es que la participación de las rentas del trabajo sobre la renta nacional es menor que en el promedio de la UE-15. Esto se debe en parte a que el porcentaje de la población adulta que trabaja es menor que en otros países pero también se debe a que los salarios son muy bajos, mucho más bajos que el promedio de la UE-15 (ver Salarios y beneficios empresariales en España, V.Navarro y M.Tur, Le Monde Diplomatique, junio de 2011).
Esta situación se ha empeorado todavía más desde su incorporación a la eurozona, periodo en el cual, a pesar del aumento de la población que trabaja ha visto un descenso muy marcado de las rentas del trabajo a costa de un aumento muy notable de las rentas del capital. Así en España tal porcentaje pasó de casi el 70% en el año 1992 (cuando se iniciaron las medidas para incorporar a España a la Eurozona) a menos del 62% en 2007, inicio de la crisis.
LAS POLÍTICAS FISCALES HAN SIDO MUY REGRESIVAS
Estos países son Estados con grandes desigualdades sociales. En realidad, España es uno de los países con mayores desigualdades en la UE-15. Y ello se debe en parte al muy limitado efecto redistributivo de las políticas fiscales y sociales. Un indicador de ello es que el porcentaje de la población en situación de pobreza, en España, por ejemplo, se reduce solo 4 puntos mediante la intervención del Estado y sus transferencias sociales (el porcentaje de la población pobre en España pasa de 24% antes de las transferencias sociales al 20%). En la UE-15 pasa de 25% al 16% (9 puntos de reducción) mientras que Suecia pasa de 27% a 13% (14 puntos). Puesto que la población en situación de pobreza incluye las personas que tienen una renta que representa el 60% de la mediana, estas cifras dan también muestra del escaso impacto redistributivo del Estado del Bienestar en España. Un tanto semejante ocurre en los otros países citados anteriormente. Como consecuencia vemos que España es uno de los países de la UE-15 que tiene un coeficiente de Gini, que mide las desigualdades en un país más elevado, 31, mientras que el promedio de la UE-15 es 29. En España hay una enorme concentración de las rentas y de la propiedad que apenas quedan afectadas por las intervenciones del Estado.
Estos países son Estados con grandes desigualdades sociales. En realidad, España es uno de los países con mayores desigualdades en la UE-15. Y ello se debe en parte al muy limitado efecto redistributivo de las políticas fiscales y sociales. Un indicador de ello es que el porcentaje de la población en situación de pobreza, en España, por ejemplo, se reduce solo 4 puntos mediante la intervención del Estado y sus transferencias sociales (el porcentaje de la población pobre en España pasa de 24% antes de las transferencias sociales al 20%). En la UE-15 pasa de 25% al 16% (9 puntos de reducción) mientras que Suecia pasa de 27% a 13% (14 puntos). Puesto que la población en situación de pobreza incluye las personas que tienen una renta que representa el 60% de la mediana, estas cifras dan también muestra del escaso impacto redistributivo del Estado del Bienestar en España. Un tanto semejante ocurre en los otros países citados anteriormente. Como consecuencia vemos que España es uno de los países de la UE-15 que tiene un coeficiente de Gini, que mide las desigualdades en un país más elevado, 31, mientras que el promedio de la UE-15 es 29. En España hay una enorme concentración de las rentas y de la propiedad que apenas quedan afectadas por las intervenciones del Estado.
LA SITUACIÓN DURANTE LA CRISIS
Lo que ha estado ocurriendo en España y en estos países ha sido una bajada de impuestos que han creado un déficit estructural del Estado que ha quedado ocultado por la expansión de los ingresos, como consecuencia del crecimiento económico basado en la burbuja inmobiliaria en el caso español. Durante esa época el gasto público social aumentó, debido al crecimiento económico. Ahora bien, cuando la burbuja inmobiliaria explotó apareció con toda crudeza el déficit estructural causado por la bajada de impuestos.
Así, el déficit del Estado lo ha creado la reducción de impuestos, no el excesivo gasto público, incluyendo el social. De ahí que las políticas públicas que se están aplicando son profundamente erróneas porque están basadas en supuestos equivocados. Esto es de una enorme importancia ya que la causa estructural de la crisis económica actual es la disminución de la demanda de bienes y servicios como consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo, y ello como resultado de la aplicación de políticas neoliberales realizadas todos estos años. Ello ha creado un endeudamiento privado que ha alcanzado unas enormes dimensiones y que era posible porque el precio de la vivienda (que suele ser el aval para conseguir un crédito) iba aumentando, pero cuando el precio de la vivienda se colapsó, el crédito se colapsó y creó el enorme problema de escasez de la demanda.
Por otra parte, el endeudamiento fue la causa del enorme crecimiento del sistema financiero. Las bancas se beneficiaron enormemente de este crecimiento del endeudamiento. La mayoría de dinero que se prestaba, sin embargo, procedía de las bancas extranjeras y muy en especial, alemanas, francesas y británicas, que fueron las que facilitaron el enorme endeudamiento y el mayor problema que tiene España que es la deuda privada.
Por otra parte, este endeudamiento dio pie al complejo banca-sector inmobiliario-sector de la construcción que era altamente especulativo con elevada rentabilidad. De ahí que atrajera a los inversores, empobreciendo en términos relativos la economía productiva que resultado de la escasa demanda tenía una rentabilidad baja.
Lo que ha estado ocurriendo en España y en estos países ha sido una bajada de impuestos que han creado un déficit estructural del Estado que ha quedado ocultado por la expansión de los ingresos, como consecuencia del crecimiento económico basado en la burbuja inmobiliaria en el caso español. Durante esa época el gasto público social aumentó, debido al crecimiento económico. Ahora bien, cuando la burbuja inmobiliaria explotó apareció con toda crudeza el déficit estructural causado por la bajada de impuestos.
Así, el déficit del Estado lo ha creado la reducción de impuestos, no el excesivo gasto público, incluyendo el social. De ahí que las políticas públicas que se están aplicando son profundamente erróneas porque están basadas en supuestos equivocados. Esto es de una enorme importancia ya que la causa estructural de la crisis económica actual es la disminución de la demanda de bienes y servicios como consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo, y ello como resultado de la aplicación de políticas neoliberales realizadas todos estos años. Ello ha creado un endeudamiento privado que ha alcanzado unas enormes dimensiones y que era posible porque el precio de la vivienda (que suele ser el aval para conseguir un crédito) iba aumentando, pero cuando el precio de la vivienda se colapsó, el crédito se colapsó y creó el enorme problema de escasez de la demanda.
Por otra parte, el endeudamiento fue la causa del enorme crecimiento del sistema financiero. Las bancas se beneficiaron enormemente de este crecimiento del endeudamiento. La mayoría de dinero que se prestaba, sin embargo, procedía de las bancas extranjeras y muy en especial, alemanas, francesas y británicas, que fueron las que facilitaron el enorme endeudamiento y el mayor problema que tiene España que es la deuda privada.
Por otra parte, este endeudamiento dio pie al complejo banca-sector inmobiliario-sector de la construcción que era altamente especulativo con elevada rentabilidad. De ahí que atrajera a los inversores, empobreciendo en términos relativos la economía productiva que resultado de la escasa demanda tenía una rentabilidad baja.
LA DEUDA PÚBLICA
Resultado de todo lo dicho, hemos visto una alianza de clase entre un grupo económico-social de gran poder político y mediático (constituido por la burguesía financiera, gran patronal, y las rentas superiores que pagan muy pocos impuestos), con la banca, en donde aquel grupo deposita sus ingresos, resultado en parte de la reducción de impuestos que se han ido implementado estos últimos años y que ha causado el endeudamiento de los Estados. Así hemos visto que España pasó de tener un superávit en el año 2005 de un 1% del PIB a un déficit del 11,1%. Este enorme crecimiento del déficit en tan escaso tiempo se debe a que los ingresos al Estado dependen primordialmente de las rentas del trabajo y del consumo. Un tanto igual pasó en Irlanda que pasó de un superávit de un 1,6% a un déficit del 14,4% del PIB. Y en Grecia pasó de un déficit del 5,2% a uno del 15,4% del PIB.
Resultado de todo lo dicho, hemos visto una alianza de clase entre un grupo económico-social de gran poder político y mediático (constituido por la burguesía financiera, gran patronal, y las rentas superiores que pagan muy pocos impuestos), con la banca, en donde aquel grupo deposita sus ingresos, resultado en parte de la reducción de impuestos que se han ido implementado estos últimos años y que ha causado el endeudamiento de los Estados. Así hemos visto que España pasó de tener un superávit en el año 2005 de un 1% del PIB a un déficit del 11,1%. Este enorme crecimiento del déficit en tan escaso tiempo se debe a que los ingresos al Estado dependen primordialmente de las rentas del trabajo y del consumo. Un tanto igual pasó en Irlanda que pasó de un superávit de un 1,6% a un déficit del 14,4% del PIB. Y en Grecia pasó de un déficit del 5,2% a uno del 15,4% del PIB.
LA REFORMA FISCAL
De ahí que un punto clave es la reforma fiscal. Si España tuviera la política fiscal de Suecia el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más y con ello se podría crear cerca de 5 millones de puestos de trabajo más, haciendo que en lugar de un empleado de los servicios del Estado del Bienestar por cada 10 adultos (como ocurre ahora) fueran 4 de cada 10 como en Suecia. Además, con ello se eliminaría el paro. En lugar de ello se están haciendo recortes que podrían prevenirse mediante medidas impositivas que afectarían sobre todo a aquellos grupos que se han beneficiado de los recortes fiscales en los últimos quince años. Se podrían lograr más de 16.000 millones aplicando las siguientes medidas: 1) 6.900 millones a través de un impuesto especial en sanidad, tal como ha hecho la provincia de Ontario en Canadá. 2) 2.948 millones gravando una tasa de actividades financieras, aumentando los impuestos de los superbeneficios de los banqueros y de la banca, tal como aconsejó en su día el Gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. 3) 2.552 millones manteniendo el impuesto de sucesiones. 4) 1.841 millones aplicando el impuesto de solidaridad existente, por ejemplo, en Francia. 5) 862 millones modificando el importe de las multas dependiendo de los ingresos del sancionado, tal como ha hecho Finlandia. 6) 985 millones aplicando una ecotasa de 5 euros por cada pasajero. 7) 643 millones creando nuevos tramos de IRPF para las rentas superiores que se han beneficiado de la reducción de impuestos en los últimos quince años.
Además de ello, deberían ingresarse los 88.000 millones que no se recogen por el Estado como consecuencia de su laxitud en corregir el fraude fiscal en España.
De ahí que un punto clave es la reforma fiscal. Si España tuviera la política fiscal de Suecia el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más y con ello se podría crear cerca de 5 millones de puestos de trabajo más, haciendo que en lugar de un empleado de los servicios del Estado del Bienestar por cada 10 adultos (como ocurre ahora) fueran 4 de cada 10 como en Suecia. Además, con ello se eliminaría el paro. En lugar de ello se están haciendo recortes que podrían prevenirse mediante medidas impositivas que afectarían sobre todo a aquellos grupos que se han beneficiado de los recortes fiscales en los últimos quince años. Se podrían lograr más de 16.000 millones aplicando las siguientes medidas: 1) 6.900 millones a través de un impuesto especial en sanidad, tal como ha hecho la provincia de Ontario en Canadá. 2) 2.948 millones gravando una tasa de actividades financieras, aumentando los impuestos de los superbeneficios de los banqueros y de la banca, tal como aconsejó en su día el Gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. 3) 2.552 millones manteniendo el impuesto de sucesiones. 4) 1.841 millones aplicando el impuesto de solidaridad existente, por ejemplo, en Francia. 5) 862 millones modificando el importe de las multas dependiendo de los ingresos del sancionado, tal como ha hecho Finlandia. 6) 985 millones aplicando una ecotasa de 5 euros por cada pasajero. 7) 643 millones creando nuevos tramos de IRPF para las rentas superiores que se han beneficiado de la reducción de impuestos en los últimos quince años.
Además de ello, deberían ingresarse los 88.000 millones que no se recogen por el Estado como consecuencia de su laxitud en corregir el fraude fiscal en España.
No es, pues, creíble, el argumento de que España no puede corregir el déficit público a no ser que se recorte el gasto público social. Que ello se haga no responde a criterios económicos o fiscales, sino única y exclusivamente políticos. Así de claro.
lunes, 1 de agosto de 2011
POR QUÉ NO SE ESTÁ RESOLVIENDO LA CRISIS ACTUAL EN ESPAÑA Y QUÉ DEBERÍA HACERSE PARA SALIR DE ELLA, por Vicenç Marques
POR QUÉ NO SE ESTÁ RESOLVIENDO LA CRISIS ACTUAL EN
ESPAÑA Y QUÉ DEBERÍA HACERSE PARA SALIR DE ELLA
29 de julio de 2011
Para entender la situación de crisis de los países periféricos de
la eurozona (España, Grecia, Portugal e Irlanda) hay que
analizar los diferentes elementos que estos países tienen en
común, incluyendo el contexto político que fue determinante
en la aparición de la crisis actual. Todos estos países han
estado gobernados por dictaduras fascistas o fascistoides
(como el caso de España, Portugal y Grecia) o gobiernos
conservadores autoritarios (como es el caso de Irlanda) en la
mayoría de años que van desde la II Guerra Mundial hasta a
principios de los años 80. Esto explica que estos países tengan
Estados represivos, poco redistributivos, y escasamente
sociales. Un indicador entre muchos de ello es que estos países tienen el número de policías por 10.000 habitantes
mayor de la Unión Europea de los 15 (UE-15) y el menor
porcentaje de la población adulta trabajando en su Estado del
Bienestar. Todos ellos tienen, además, las mayores
desigualdades de la UE-15.
LA POBREZA DE SUS ESTADOS
Como resultado de esta historia, y a pesar de los progresos que han
tenido en su época democrática, estos Estados tienen unos ingresos
muy bajos. Así, mientras que el promedio de los ingresos al Estado
en el promedio de la UE-15 era en el año 2009 equivalente al 44% de
su PIB, en España era solo el 34%, el mismo que Irlanda, mientras
que Grecia era el 37% y Portugal el 39%. En comparación, en Suecia,
donde las izquierdas han gobernado por la mayoría del periodo citado
anteriormente, era el 54%. Estos bajos ingresos al Estado se deben a
la enorme regresividad fiscal, que significa que las rentas superiores
y las rentas del capital no contribuyen al Estado en la medida que lo
hacen sus homólogos en la UE-15. Ahí está la raíz del problema.
Como consecuencia, todos ellos tienen un gasto social como
porcentaje del PIB muy bajo. Así, mientras que el promedio de la UE-
15 representa el 27% de su PIB, en España es solo un 22.7%, en
Irlanda un 22.1%, en Portugal un 24.3%, y en Grecia un 25,9%. De
nuevo, comparándolo con Suecia, el porcentaje es mucho mayor, el
29,3%.
Otro indicador del subdesarrollo social de estos países es el bajo
porcentaje de su población adulta que trabaja en los servicios
públicos de su Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación,
servicios domiciliarios para personas con dependencia, escuelas de
infancia, servicios sociales, entre otros). Mientras que el promedio de la UE-15 es el 15% de la población adulta, en España es solo el 9%,
en Portugal un 7% e Irlanda 12%, y Grecia un 11%. Como contraste,
Suecia es el 25%.
Otra característica de estos países es que la participación de las
rentas del trabajo sobre la renta nacional es menor que en el
promedio de la UE-15. Esto se debe en parte a que el porcentaje de
la población adulta que trabaja es menor que en otros países pero
también se debe a que los salarios son muy bajos, mucho más bajos
que el promedio de la UE-15 (ver Salarios y beneficios empresariales
en España, V.Navarro y M.Tur, Le Monde Diplomatique, junio de
2011).
Esta situación se ha empeorado todavía más desde su incorporación a
la eurozona, periodo en el cual, a pesar del aumento de la población
que trabaja ha visto un descenso muy marcado de las rentas del
trabajo a costa de un aumento muy notable de las rentas del capital.
Así en España tal porcentaje pasó de casi el 70% en el año 1992
(cuando se iniciaron las medidas para incorporar a España a la
Eurozona) a menos del 62% en 2007, inicio de la crisis.
LAS POLÍTICAS FISCALES HAN SIDO MUY REGRESIVAS
Estos países son Estados con grandes desigualdades sociales. En
realidad, España es uno de los países con mayores desigualdades en
la UE-15. Y ello se debe en parte al muy limitado efecto redistributivo
de las políticas fiscales y sociales. Un indicador de ello es que el
porcentaje de la población en situación de pobreza, en España, por
ejemplo, se reduce solo 4 puntos mediante la intervención del Estado
y sus transferencias sociales (el porcentaje de la población pobre en
España pasa de 24% antes de las transferencias sociales al 20%). En la UE-15 pasa de 25% al 16% (9 puntos de reducción) mientras que
Suecia pasa de 27% a 13% (14 puntos). Puesto que la población en
situación de pobreza incluye las personas que tienen una renta que
representa el 60% de la mediana, estas cifras dan también muestra
del escaso impacto redistributivo del Estado del Bienestar en España.
Un tanto semejante ocurre en los otros países citados anteriormente.
Como consecuencia vemos que España es uno de los países de la UE-
15 que tiene un coeficiente de Gini, que mide las desigualdades en un
país más elevado, 31, mientras que el promedio de la UE-15 es 29.
En España hay una enorme concentración de las rentas y de la
propiedad que apenas quedan afectadas por las intervenciones del
Estado.
LA SITUACIÓN DURANTE LA CRISIS
Lo que ha estado ocurriendo en España y en estos países ha sido una
bajada de impuestos que han creado un déficit estructural del Estado
que ha quedado ocultado por la expansión de los ingresos, como
consecuencia del crecimiento económico basado en la burbuja
inmobiliaria en el caso español. Durante esa época el gasto público
social aumentó, debido al crecimiento económico. Ahora bien, cuando
la burbuja inmobiliaria explotó apareció con toda crudeza el déficit
estructural causado por la bajada de impuestos.
Así, el déficit del Estado lo ha creado la reducción de impuestos, no el
excesivo gasto público, incluyendo el social. De ahí que las políticas
públicas que se están aplicando son profundamente erróneas porque
están basadas en supuestos equivocados. Esto es de una enorme
importancia ya que la causa estructural de la crisis económica actual
es la disminución de la demanda de bienes y servicios como
consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo, y ello como resultado de la aplicación de políticas neoliberales realizadas todos
estos años. Ello ha creado un endeudamiento privado que ha
alcanzado unas enormes dimensiones y que era posible porque el
precio de la vivienda (que suele ser el aval para conseguir un crédito)
iba aumentando, pero cuando el precio de la vivienda se colapsó, el
crédito se colapsó y creó el enorme problema de escasez de la
demanda.
Por otra parte, el endeudamiento fue la causa del enorme crecimiento
del sistema financiero. Las bancas se beneficiaron enormemente de
este crecimiento del endeudamiento. La mayoría de dinero que se
prestaba, sin embargo, procedía de las bancas extranjeras y muy en
especial, alemanas, francesas y británicas, que fueron las que
facilitaron el enorme endeudamiento y el mayor problema que tiene
España que es la deuda privada.
Por otra parte, este endeudamiento dio pie al complejo banca-sector
inmobiliario-sector de la construcción que era altamente especulativo
con elevada rentabilidad. De ahí que atrajera a los inversores,
empobreciendo en términos relativos la economía productiva que
resultado de la escasa demanda tenía una rentabilidad baja.
LA DEUDA PÚBLICA
Resultado de todo lo dicho, hemos visto una alianza de clase entre un
grupo económico-social de gran poder político y mediático
(constituido por la burguesía financiera, gran patronal, y las rentas
superiores que pagan muy pocos impuestos), con la banca, en donde
aquel grupo deposita sus ingresos, resultado en parte de la reducción
de impuestos que se han ido implementado estos últimos años y que
ha causado el endeudamiento de los Estados. Así hemos visto que
España pasó de tener un superávit en el año 2005 de un 1% del PIB a un déficit del 11,1%. Este enorme crecimiento del déficit en tan
escaso tiempo se debe a que los ingresos al Estado dependen
primordialmente de las rentas del trabajo y del consumo. Un tanto
igual pasó en Irlanda que pasó de un superávit de un 1,6% a un
déficit del 14,4% del PIB. Y en Grecia pasó de un déficit del 5,2% a
uno del 15,4% del PIB.
LA REFORMA FISCAL
De ahí que un punto clave es la reforma fiscal. Si España tuviera la
política fiscal de Suecia el Estado ingresaría 200.000 millones de
euros más y con ello se podría crear cerca de 5 millones de puestos
de trabajo más, haciendo que en lugar de un empleado de los
servicios del Estado del Bienestar por cada 10 adultos (como ocurre
ahora) fueran 4 de cada 10 como en Suecia. Además, con ello se
eliminaría el paro. En lugar de ello se están haciendo recortes que
podrían prevenirse mediante medidas impositivas que afectarían
sobre todo a aquellos grupos que se han beneficiado de los recortes
fiscales en los últimos quince años. Se podrían lograr más de 16.000
millones aplicando las siguientes medidas: 1) 6.900 millones a través
de un impuesto especial en sanidad, tal como ha hecho la provincia
de Ontario en Canadá. 2) 2.948 millones gravando una tasa de
actividades financieras, aumentando los impuestos de los
superbeneficios de los banqueros y de la banca, tal como aconsejó en
su día el Gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. 3)
2.552 millones manteniendo el impuesto de sucesiones. 4) 1.841
millones aplicando el impuesto de solidaridad existente, por ejemplo,
en Francia. 5) 862 millones modificando el importe de las multas
dependiendo de los ingresos del sancionado, tal como ha hecho
Finlandia. 6) 985 millones aplicando una ecotasa de 5 euros por cada
pasajero. 7) 643 millones creando nuevos tramos de IRPF para las rentas superiores que se han beneficiado de la reducción de
impuestos en los últimos quince años.
Además de ello, deberían ingresarse los 88.000 millones que no se
recogen por el Estado como consecuencia de su laxitud en corregir el
fraude fiscal en España.
No es, pues, creíble, el argumento de que España no puede corregir
el déficit público a no ser que se recorte el gasto público social. Que
ello se haga no responde a criterios económicos o fiscales, sino única
y exclusivamente políticos. Así de claro.
ESPAÑA Y QUÉ DEBERÍA HACERSE PARA SALIR DE ELLA
29 de julio de 2011
Para entender la situación de crisis de los países periféricos de
la eurozona (España, Grecia, Portugal e Irlanda) hay que
analizar los diferentes elementos que estos países tienen en
común, incluyendo el contexto político que fue determinante
en la aparición de la crisis actual. Todos estos países han
estado gobernados por dictaduras fascistas o fascistoides
(como el caso de España, Portugal y Grecia) o gobiernos
conservadores autoritarios (como es el caso de Irlanda) en la
mayoría de años que van desde la II Guerra Mundial hasta a
principios de los años 80. Esto explica que estos países tengan
Estados represivos, poco redistributivos, y escasamente
sociales. Un indicador entre muchos de ello es que estos países tienen el número de policías por 10.000 habitantes
mayor de la Unión Europea de los 15 (UE-15) y el menor
porcentaje de la población adulta trabajando en su Estado del
Bienestar. Todos ellos tienen, además, las mayores
desigualdades de la UE-15.
LA POBREZA DE SUS ESTADOS
Como resultado de esta historia, y a pesar de los progresos que han
tenido en su época democrática, estos Estados tienen unos ingresos
muy bajos. Así, mientras que el promedio de los ingresos al Estado
en el promedio de la UE-15 era en el año 2009 equivalente al 44% de
su PIB, en España era solo el 34%, el mismo que Irlanda, mientras
que Grecia era el 37% y Portugal el 39%. En comparación, en Suecia,
donde las izquierdas han gobernado por la mayoría del periodo citado
anteriormente, era el 54%. Estos bajos ingresos al Estado se deben a
la enorme regresividad fiscal, que significa que las rentas superiores
y las rentas del capital no contribuyen al Estado en la medida que lo
hacen sus homólogos en la UE-15. Ahí está la raíz del problema.
Como consecuencia, todos ellos tienen un gasto social como
porcentaje del PIB muy bajo. Así, mientras que el promedio de la UE-
15 representa el 27% de su PIB, en España es solo un 22.7%, en
Irlanda un 22.1%, en Portugal un 24.3%, y en Grecia un 25,9%. De
nuevo, comparándolo con Suecia, el porcentaje es mucho mayor, el
29,3%.
Otro indicador del subdesarrollo social de estos países es el bajo
porcentaje de su población adulta que trabaja en los servicios
públicos de su Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación,
servicios domiciliarios para personas con dependencia, escuelas de
infancia, servicios sociales, entre otros). Mientras que el promedio de la UE-15 es el 15% de la población adulta, en España es solo el 9%,
en Portugal un 7% e Irlanda 12%, y Grecia un 11%. Como contraste,
Suecia es el 25%.
Otra característica de estos países es que la participación de las
rentas del trabajo sobre la renta nacional es menor que en el
promedio de la UE-15. Esto se debe en parte a que el porcentaje de
la población adulta que trabaja es menor que en otros países pero
también se debe a que los salarios son muy bajos, mucho más bajos
que el promedio de la UE-15 (ver Salarios y beneficios empresariales
en España, V.Navarro y M.Tur, Le Monde Diplomatique, junio de
2011).
Esta situación se ha empeorado todavía más desde su incorporación a
la eurozona, periodo en el cual, a pesar del aumento de la población
que trabaja ha visto un descenso muy marcado de las rentas del
trabajo a costa de un aumento muy notable de las rentas del capital.
Así en España tal porcentaje pasó de casi el 70% en el año 1992
(cuando se iniciaron las medidas para incorporar a España a la
Eurozona) a menos del 62% en 2007, inicio de la crisis.
LAS POLÍTICAS FISCALES HAN SIDO MUY REGRESIVAS
Estos países son Estados con grandes desigualdades sociales. En
realidad, España es uno de los países con mayores desigualdades en
la UE-15. Y ello se debe en parte al muy limitado efecto redistributivo
de las políticas fiscales y sociales. Un indicador de ello es que el
porcentaje de la población en situación de pobreza, en España, por
ejemplo, se reduce solo 4 puntos mediante la intervención del Estado
y sus transferencias sociales (el porcentaje de la población pobre en
España pasa de 24% antes de las transferencias sociales al 20%). En la UE-15 pasa de 25% al 16% (9 puntos de reducción) mientras que
Suecia pasa de 27% a 13% (14 puntos). Puesto que la población en
situación de pobreza incluye las personas que tienen una renta que
representa el 60% de la mediana, estas cifras dan también muestra
del escaso impacto redistributivo del Estado del Bienestar en España.
Un tanto semejante ocurre en los otros países citados anteriormente.
Como consecuencia vemos que España es uno de los países de la UE-
15 que tiene un coeficiente de Gini, que mide las desigualdades en un
país más elevado, 31, mientras que el promedio de la UE-15 es 29.
En España hay una enorme concentración de las rentas y de la
propiedad que apenas quedan afectadas por las intervenciones del
Estado.
LA SITUACIÓN DURANTE LA CRISIS
Lo que ha estado ocurriendo en España y en estos países ha sido una
bajada de impuestos que han creado un déficit estructural del Estado
que ha quedado ocultado por la expansión de los ingresos, como
consecuencia del crecimiento económico basado en la burbuja
inmobiliaria en el caso español. Durante esa época el gasto público
social aumentó, debido al crecimiento económico. Ahora bien, cuando
la burbuja inmobiliaria explotó apareció con toda crudeza el déficit
estructural causado por la bajada de impuestos.
Así, el déficit del Estado lo ha creado la reducción de impuestos, no el
excesivo gasto público, incluyendo el social. De ahí que las políticas
públicas que se están aplicando son profundamente erróneas porque
están basadas en supuestos equivocados. Esto es de una enorme
importancia ya que la causa estructural de la crisis económica actual
es la disminución de la demanda de bienes y servicios como
consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo, y ello como resultado de la aplicación de políticas neoliberales realizadas todos
estos años. Ello ha creado un endeudamiento privado que ha
alcanzado unas enormes dimensiones y que era posible porque el
precio de la vivienda (que suele ser el aval para conseguir un crédito)
iba aumentando, pero cuando el precio de la vivienda se colapsó, el
crédito se colapsó y creó el enorme problema de escasez de la
demanda.
Por otra parte, el endeudamiento fue la causa del enorme crecimiento
del sistema financiero. Las bancas se beneficiaron enormemente de
este crecimiento del endeudamiento. La mayoría de dinero que se
prestaba, sin embargo, procedía de las bancas extranjeras y muy en
especial, alemanas, francesas y británicas, que fueron las que
facilitaron el enorme endeudamiento y el mayor problema que tiene
España que es la deuda privada.
Por otra parte, este endeudamiento dio pie al complejo banca-sector
inmobiliario-sector de la construcción que era altamente especulativo
con elevada rentabilidad. De ahí que atrajera a los inversores,
empobreciendo en términos relativos la economía productiva que
resultado de la escasa demanda tenía una rentabilidad baja.
LA DEUDA PÚBLICA
Resultado de todo lo dicho, hemos visto una alianza de clase entre un
grupo económico-social de gran poder político y mediático
(constituido por la burguesía financiera, gran patronal, y las rentas
superiores que pagan muy pocos impuestos), con la banca, en donde
aquel grupo deposita sus ingresos, resultado en parte de la reducción
de impuestos que se han ido implementado estos últimos años y que
ha causado el endeudamiento de los Estados. Así hemos visto que
España pasó de tener un superávit en el año 2005 de un 1% del PIB a un déficit del 11,1%. Este enorme crecimiento del déficit en tan
escaso tiempo se debe a que los ingresos al Estado dependen
primordialmente de las rentas del trabajo y del consumo. Un tanto
igual pasó en Irlanda que pasó de un superávit de un 1,6% a un
déficit del 14,4% del PIB. Y en Grecia pasó de un déficit del 5,2% a
uno del 15,4% del PIB.
LA REFORMA FISCAL
De ahí que un punto clave es la reforma fiscal. Si España tuviera la
política fiscal de Suecia el Estado ingresaría 200.000 millones de
euros más y con ello se podría crear cerca de 5 millones de puestos
de trabajo más, haciendo que en lugar de un empleado de los
servicios del Estado del Bienestar por cada 10 adultos (como ocurre
ahora) fueran 4 de cada 10 como en Suecia. Además, con ello se
eliminaría el paro. En lugar de ello se están haciendo recortes que
podrían prevenirse mediante medidas impositivas que afectarían
sobre todo a aquellos grupos que se han beneficiado de los recortes
fiscales en los últimos quince años. Se podrían lograr más de 16.000
millones aplicando las siguientes medidas: 1) 6.900 millones a través
de un impuesto especial en sanidad, tal como ha hecho la provincia
de Ontario en Canadá. 2) 2.948 millones gravando una tasa de
actividades financieras, aumentando los impuestos de los
superbeneficios de los banqueros y de la banca, tal como aconsejó en
su día el Gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. 3)
2.552 millones manteniendo el impuesto de sucesiones. 4) 1.841
millones aplicando el impuesto de solidaridad existente, por ejemplo,
en Francia. 5) 862 millones modificando el importe de las multas
dependiendo de los ingresos del sancionado, tal como ha hecho
Finlandia. 6) 985 millones aplicando una ecotasa de 5 euros por cada
pasajero. 7) 643 millones creando nuevos tramos de IRPF para las rentas superiores que se han beneficiado de la reducción de
impuestos en los últimos quince años.
Además de ello, deberían ingresarse los 88.000 millones que no se
recogen por el Estado como consecuencia de su laxitud en corregir el
fraude fiscal en España.
No es, pues, creíble, el argumento de que España no puede corregir
el déficit público a no ser que se recorte el gasto público social. Que
ello se haga no responde a criterios económicos o fiscales, sino única
y exclusivamente políticos. Así de claro.
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